Un reportaje de ProPublica, firmado por la periodista Raquel Rutledge y publicado el 5 de mayo de 2026, expone una investigación federal en Puerto Rico que apuntaba a un esquema alarmante: drogas a cambio de votos dentro del sistema penitenciario.
Según el reportaje, fiscales federales tenían un caso sólido contra una organización criminal dentro de las cárceles conocida como “Los Tiburones” (Grupo 31). La investigación reveló que miembros de esta red no solo distribuían d
rogas entre los reclusos, sino que también exigían apoyo político a cambio — específicamente votos a favor de la actual gobernadora Jenniffer González-Colón.
De acuerdo con los hallazgos, los líderes de la organización utilizaban amenazas, violencia y control del suministro de drogas para obligar a los reclusos — muchos de ellos adictos — a cumplir con sus exigencias. Además, empleados del sistema correccional presuntamente colaboraban permitiendo la operación y evitando intervenir.
Los investigadores aseguran que contaban con evidencia significativa que implicaba tanto a reclusos como a personal penitenciario en un posible fraude electoral. También estaban explorando si existía alguna conexión directa con la campaña política de González-Colón.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado. Tras las elecciones de 2024 — en las que Donald Trump ganó la presidencia y González-Colón la gobernación — fiscales recibieron instrucciones de sus superiores para eliminar los cargos relacionados con el esquema de votos y limitar el alcance de la acusación.
Aunque en diciembre de 2024 se presentaron cargos contra 34 personas por delitos como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas, ningún cargo incluyó la presunta compra de votos. Poco después, ya en 2025, al fiscal principal del caso se le ordenó detener completamente la investigación.
Fuentes citadas por ProPublica describieron frustración dentro del equipo investigador. “Antes de las elecciones, todo avanzaba con fuerza. Después, todo cambió”, indicó una de ellas bajo condición de anonimato.
El reportaje también señala que, aunque la gobernadora no ha sido acusada de ningún delito, los investigadores consideraban que el esquema pudo haber influido significativamente en los resultados electorales, particularmente considerando que en Puerto Rico los reclusos tienen derecho al voto.
Hasta el momento, la Fiscalía Federal en Puerto Rico ha evitado comentar en detalle sobre la investigación, limitándose a afirmar que solo presentan cargos cuando existe evidencia suficiente.
El caso sigue generando interrogantes sobre la posible influencia política en decisiones judiciales y deja abierta una pregunta clave: ¿por qué una investigación que parecía sólida fue detenida en seco?
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