Explota otro escándalo en Medicaid: disparan facturación de terapias de autismo y crecen sospechas de fraude millonario

Mientras Washington habla de recortes, eficiencia y control del gasto público, en varios estados sigue saliendo a la luz una verdad incómoda: el sistema de Medicaid se ha convertido en terreno fértil para el despilfarro, el abuso y el fraude. Ahora, Carolina del Norte está en el centro de la polémica tras un aumento escandaloso en la facturación de terapias para autismo que ha encendido todas las alarmas.

El auditor estatal Dave Boliek denunció que los cobros por terapias de autismo en Carolina del Norte pasaron de apenas 1.4 millones de dólares a más de 660 millones al año en solo cinco años. No estamos hablando de un pequeño ajuste administrativo ni de un aumento normal en la demanda. Estamos hablando de una explosión que huele a sistema roto, permisivo y posiblemente manipulado.

Boliek fue claro: hay casos en los que varios proveedores facturan al mismo tiempo por un mismo paciente. Algunas de esas prácticas podrían ser ilegales. Otras, peor aún, serían técnicamente legales gracias a reglamentos débiles y a una supervisión gubernamental floja. Es decir, el problema no es solo el posible criminal que roba, sino también el burócrata que diseñó un sistema incapaz de impedirlo.

Y ahí está uno de los puntos más graves de esta historia: muchas veces el fraude no nace solo de la ambición de quienes quieren enriquecerse con dinero público, sino de un aparato gubernamental inflado, torpe y tan mal construido que prácticamente invita al abuso. Cuando el Estado crea reglas sin dientes, abre la puerta para que oportunistas entren, facturen y se lleven millones mientras el contribuyente paga la cuenta.

Los propios datos oficiales respaldan la preocupación. En una audiencia legislativa celebrada el 10 de marzo de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte confirmó que el gasto en terapia ABA aumentó 347% entre 2022 y 2025. Peor aún, se proyecta que el desembolso alcance 842 millones de dólares en el año fiscal 2026 y 1.14 mil millones en 2027. La pregunta es inevitable: ¿quién está vigilando este dinero y por qué nadie frenó esto antes?

El caso no ocurre en el vacío. En Minnesota ya estalló un escándalo parecido, donde investigadores federales detectaron un presunto fraude de alrededor de 14 millones de dólares vinculado a sesiones falsas, personal sin preparación y pagos a padres para mantener a sus hijos dentro del programa. Cuando estos patrones se repiten de un estado a otro, ya no se puede hablar de incidentes aislados. Se trata de una cultura de permisividad que ha contaminado programas financiados con los impuestos de los ciudadanos.

Boliek aseguró que su oficina trabaja para reforzar auditorías, ampliar recursos investigativos y usar inteligencia artificial para detectar trampas más rápido. Y tiene razón en algo fundamental: si los defraudadores están usando herramientas modernas para exprimir el sistema, el gobierno no puede seguir fiscalizando con mentalidad de hace veinte años.

Pero más allá de la tecnología, el problema es político y moral. Durante demasiado tiempo, la izquierda y la burocracia han defendido programas gigantescos sin exigir controles serios, vendiendo compasión con dinero ajeno mientras permiten que millones se pierdan entre facturas dudosas y reglas laxas. Los verdaderamente perjudicados no son solo los contribuyentes, sino también las familias y pacientes que sí necesitan ayuda y ven cómo el sistema se desacredita por culpa de los oportunistas.

La conclusión es contundente: Medicaid necesita vigilancia real, auditorías agresivas y consecuencias penales severas. Porque cada dólar robado, malgastado o inflado en fraude no llega al niño que necesita tratamiento, ni al paciente vulnerable, ni a la familia que confía en el sistema. Lo que estamos viendo no es simplemente un fallo administrativo. Es el resultado de un gobierno demasiado grande, demasiado débil y demasiado cómodo tolerando el abuso.