Una fuente del Departamento de la Familia que asegura haber estado presente durante los hechos denunció una serie de eventos que podrían revelar una profunda crisis administrativa en la Región de Arecibo.
Según la fuente, lo ocurrido no se trata simplemente de la salida de una Directora Regional, sino de lo que describe como una posible “guerra de venganza administrativa” contra una funcionaria que habría intentado poner orden en una región marcada por alegadas irregularidades internas.
La fuente sostiene que, durante años, en la Región de Arecibo existía una cultura de falta de cumplimiento laboral, donde algunos empleados supuestamente registraban su entrada, abandonaban las instalaciones y regresaban al final de la jornada sin enfrentar consecuencias.
Con la llegada de la actual Directora Regional, según la versión ofrecida, se comenzaron a implementar medidas de orden, supervisión y disciplina. Sin embargo, ese proceso habría generado resistencia entre ciertos empleados.
¿Querellas como represalia?
De acuerdo con la fuente, varias querellas radicadas contra la Directora Regional no habrían surgido de manera espontánea, sino como parte de un esfuerzo coordinado por un pequeño grupo de empleados inconformes con las nuevas medidas administrativas.
La fuente alega que una empleada de la oficina local de Utuado, quien supuestamente se encuentra bajo una medida cautelar, habría colaborado en la redacción de querellas contra la Directora Regional.
“Lo que han hecho es convertir el proceso administrativo en un desafío personal de un pequeño grupo que se resiste al orden”, expresó la fuente.
La posible cortina de humo
Uno de los puntos más graves de la denuncia es que las querellas contra la Directora Regional podrían estar sirviendo como una cortina de humo para desviar la atención de otras investigaciones internas.
Según la fuente, ya existía una investigación en curso, incluso desde antes de la llegada de la Directora Regional, relacionada con alegadas irregularidades en la unidad de transportación.
Entre los señalamientos mencionados están:
Uso indebido de tarjetas de gasolina.
Compra exagerada de baterías.
Posible descontrol administrativo en la unidad de transportación.
Falta de consecuencias contra empleados que alegadamente incumplían con sus horarios.
Querellas supuestamente fabricadas contra la funcionaria que intentó poner orden.
La escena que desató la indignación
La fuente asegura que el pasado 12 de mayo de 2026, alrededor del mediodía, ocurrió uno de los momentos más tensos dentro de la Región de Arecibo.
Según el relato, la Subdirectora informó a varios empleados que había una orden superior para romper la cerradura de la oficina de la aún Directora Regional.
La fuente sostiene que empleados presentes se negaron a cumplir esa instrucción, al entender que era una acción improcedente.
Ante la situación, se le notificó a la Directora Regional, quien acudió personalmente a la oficina para entregar las llaves y evitar que se causaran daños a la propiedad.
Sin embargo, según la denuncia, luego de entregar las llaves, se habría emitido una nueva instrucción para sacarla inmediatamente del edificio.
“La sacaron como si fuera una criminal”
La fuente describe la salida de la Directora Regional como una escena humillante.
Según el testimonio, la funcionaria fue escoltada por un guardia de seguridad, sin que mediara una carta oficial de destitución y sin que se le permitiera recoger todas sus pertenencias personales.
La situación, según la fuente, provocó indignación entre empleados presentes.
“Fue una escena muy triste y humillante. La sacaron bajo vigilancia como si fuera una criminal”, relató la fuente.
Alegan que botaron pertenencias personales
La denuncia va más allá. La fuente asegura que, luego de la salida de la Directora Regional, la Subdirectora y personal de Recursos Humanos habrían procedido a desechar artículos personales que aún quedaban dentro de la oficina.
También se alega que se colocaron candados en los portones de acceso para impedir que la funcionaria pudiera entrar nuevamente a la región.
Para la fuente, estos actos reflejan un patrón de trato abusivo e injusticia administrativa.
Posibles delitos o irregularidades administrativas
Aunque las autoridades competentes tendrían que investigar y determinar si hubo conducta ilegal, la denuncia plantea posibles irregularidades que podrían ser evaluadas por agencias fiscalizadoras.
Entre ellas:
Posible fraude de tiempo o nómina: por empleados que supuestamente ponchaban entrada, abandonaban el área de trabajo y regresaban al final del día.
Posible mal uso de fondos o recursos públicos: por el alegado uso indebido de tarjetas de gasolina.
Posible manejo irregular de compras públicas: por la alegada compra exagerada de baterías en la unidad de transportación.
Posible represalia laboral: si las querellas contra la Directora Regional fueron fabricadas como castigo por intentar imponer disciplina.
Posible abuso de poder: por alegadas instrucciones para sacar a la funcionaria sin carta oficial de destitución.
Posible hostigamiento laboral: por el trato humillante descrito por la fuente durante la salida de la Directora Regional.
Posible daño a propiedad pública o intento de entrada improcedente: por la alegada orden de romper la cerradura de la oficina.
Posible disposición indebida de propiedad personal: por la alegación de que se botaron pertenencias de la Directora Regional.
Posible encubrimiento administrativo: si las querellas fueron utilizadas para desviar la atención de investigaciones sobre irregularidades internas.
Piden intervención de la gobernadora
La fuente hizo un llamado directo a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para que ordene una investigación objetiva sobre lo ocurrido en la Región de Arecibo del Departamento de la Familia.
Según la denuncia, no se trata únicamente de proteger a una funcionaria, sino de investigar si dentro de la agencia se está premiando el desorden y castigando a quienes intentan corregir prácticas irregulares.
La fuente insiste en que la Directora Regional fue víctima de una campaña interna basada en alegaciones falsas, mientras asuntos más serios permanecen sin aclararse.
Un caso que exige respuestas
De confirmarse las alegaciones, este caso podría representar mucho más que una disputa laboral. Podría tratarse de un patrón de represalias, abuso administrativo y posible encubrimiento de irregularidades dentro de una agencia cuya misión principal es servir a las familias más vulnerables del país.
Por ahora, las preguntas quedan sobre la mesa:
¿Quién ordenó realmente sacar a la Directora Regional?
¿Por qué no se le entregó una carta oficial de destitución?
¿Qué pasó con la investigación sobre las tarjetas de gasolina y la compra de baterías?
¿Se utilizaron querellas internas para tapar irregularidades más graves?
Y la más importante:
¿Está ocurriendo una guerra de venganza administrativa dentro del Departamento de la Familia en Arecibo?
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